El registrador debe ser investigado penalmente por los serios indicios que con métodos estadísticos del más alto nivel demuestran la ausencia del azar en 1356 puestos de votación con más de 30.000 mesas y donde votaron más de siete millones de electores y donde lo que existe es un resultado final hecho con algoritmo. El solo hecho de suspender el uso del candado Hash en los algoritmos del documento público E14 que es un documento de software PDF que la ley colombiana obliga, y desde donde se cuenta el total de votos ya es un delito continuado desde el año 2023 hasta el dia de hoy. El sólo hecho que continúen los hermanos Bautista como escrutadores privados, cuando la justicia colombiana ordenó desde el 2018 un software de escrutinio público ya es un delito y no permite la transparencia electoral. La única fórmula para evitar el fraude algorítmico cuyos fundamentos el actual registrador no quiere quitar y sobre lo cual ni procuraduría ni Consejo Nacional Electoral se pronuncian, es con un organización estructurada a partir de cada puesto electoral y del activismo digital cualificado al que deben llegar millones de Colombianos y decenas de millones de latinoamericanos